Según el Ministerio Público, los delitos han aumentado en los últimos años un 23,2 %, y en 2018 se cometieron 18.896 delitos. Un importante porcentaje de estos actos se lleva a cabo con menores de edad, y en las aulas de colegios e institutos. Uno de los principales problemas ocurre cuando estas acciones son cometidas no por desconocidos sino por personas de un entorno cercano a la víctima, y no de forma aislada sino repetida en el tiempo, y preocupa mucho al Ministerio la línea ascendente de estas acciones en el tiempo. 

Para acabar con este problema, la Fiscalía propone instalar cámaras en determinados lugares (instituciones de enseñanza, de custodia de menores, lugares de entrenamiento) y en espacios cerrados, como aulas o despachos.  

Si la propuesta de instalar cámaras es aprobada, podría ayudar a reducir el número de delitos y abusos cometidos en las aulas de colegios e institutos (no solamente de índole sexual, sino también violencia entre los alumnos, reyertas o bullying), pero ha generado mucha polémica en la sociedad española debido a que puede suponer una reducción de la intimidad y de la privacidad de los alumnos en dichas aulas y demás espacios cerrados. 

Profesores, padres, madres y alumnos están expectantes ante la posible aprobación de una medida que puede resultar tan efectiva como polémica.

 

 

 

 

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