El proceso de desescalada tiene como consecuencia una progresiva reactivación de la economía, lo cual se traduce en una fuerte recuperación de la actividad en los cajeros automáticos. De acuerdo con datos de empresas de transporte de fondos, las retiradas de efectivo en cajeros han recuperado un 50 % de su actividad con respecto a las semanas iniciales del confinamiento, aunque se espera que aumente a medida que lo haga la actividad económica de, entre otras regiones, Madrid y Cataluña.

La crisis sanitaria y el confinamiento produjeron una gran caída del consumo, lo que conllevó a la caída de sistemas de pago, entre los que se incluyen tarjetas de crédito y efectivo, pero en las últimas semanas debido a la relajación de restricciones en todo el país son muchos los  ciudadanos españoles que han acudido a los cajeros automáticos para afrontar sus gastos diarios. El dinero en metálico representa un elemento fundamental del sistema económico y, con las adecuadas medidas de higiene, su utilización no conlleva un mayor riesgo que otros materiales, como el plástico de la tarjeta o el terminal de punto de venta (TPV). El efectivo es el único medio de pago universal e inclusivo, y según las estadísticas un 74 % de los españoles opta por el efectivo para sus gastos, sobretodo para importes de menos de 20 euros, en pequeños comercios y en hostelería.

Una buena parte de los ingresos de las entidades financieras se genera a través del cobro de comisiones por el uso de la tarjeta tanto por particulares como por comercios y empresas, los cuales tuvieron que afrontar 661 millones de euros en concepto de comisiones por aceptar pagos con tarjetas.

Según el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, limitar el uso de efectivo no evita un posible contagio, por tanto el dinero debe circular para favorecer a los sectores menos bancarizados de la sociedad: jóvenes, parados y pensionistas, los cuales realizan sus pagos, operaciones comerciales y compras habituales con dinero físico. Con respecto a las empresas, la competitividad de los pequeños podría verse afectada al verse obligados a hacer inversiones adicionales en plataformas de pago. Suprimir el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias.

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